Despide, despide, despide, que nadie quedará

La empresa Metalfor ejecutó 35 despidos durante el partido entre Argentina y Egipto, con una maniobra para minimizar la protesta: les dio permiso para retirarse a ver el encuentro de la selección de fútbol, y en el medio los notificó del fin de la relación laboral. Un día antes cerró otra metalúrgica cordobesa, Crucianelli, dejando 20 trabajadores más en la calle.
En un acto de absoluta cobardía patronal, la empresa Metalfor realizó lo que parecía un acto habitual en la construcción de “la cultura de la empresa”: habilitar a los trabajadores de la planta ubicada en Noetinger, provincia de Córdoba, a ver el partido de la Selección argentina de fútbol masculino este martes en horario laboral. Pero en realidad era una trampa.
Porque una vez fuera de las instalaciones muchos empleados comenzaron a recibir mensajes de texto, donde se les solicitaba que concurrieran a las oficinas del correo para retirar sus telegramas de despido.
Fausto Barbero, operario con 21 años de antigüedad en la empresa, relató que muchos de sus compañeros ni siquiera fueron avisados formalmente y se encontraron con la novedad al intentar ingresar a la planta al día siguiente. “Toda una vida le dejé en la empresa. Por un mal manejo de la directiva, hoy se encuentran con esta situación”, manifestó. El obrero contó que ingresó a la firma a los 24 años y hoy cuenta con 45, y describió la situación como “durísima” para las familias afectadas en una comunidad pequeña.
La empresa Metalfor se encuentra actualmente atravesando un concurso preventivo de crisis. Según los testimonios de los trabajadores, existía la creencia de que este proceso judicial garantizaba la estabilidad de los puestos de trabajo mientras se resolvía la situación en la Cámara de Trabajo.
La planta de Noetinger se desempeña principalmente como autopartista, fabricando componentes para las máquinas que luego se ensamblan en la sede central de Marcos Juárez. A pesar de ser una firma con presencia internacional, sufre como toda la industria las políticas económicas del gobierno de ultraderecha de Javier Milei, que habilitó importaciones indiscriminadas y aplica tarifazos en todos los costos fijos de energía y servicios.
Al momento de producirse las cesantías, la planta de Noetinger contaba con un total de 146 operarios especializados. Esta reducción de personal representa un impacto directo sobre la estructura laboral de la firma en la zona.
Un día antes, la metalúrgica Crucianelli SRL, dedicada a la producción de autopartes en barrio Cabildo, al sur de la ciudad de Córdoba, cerró sus puertas de manera repentina y dejó a sus trabajadores sin empleo ni aviso previo, indicó la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).
El hecho ocurrió el lunes 6 de julio, cuando los operarios llegaron a cumplir su jornada laboral y encontraron los portones de la planta directamente “soldados”.
El último día de actividad había sido el viernes, con una jornada normal de ocho horas. Según el relato de los empleados, nadie les comunicó ninguna decisión empresarial. “Entramos y salimos en el horario de siempre. Nadie nos dijo nada. Hoy llegamos y nos encontramos con todo cerrado”, explicó uno de los trabajadores afectados, Eduardo López: “Hoy llegamos y nos dimos con los portones soldados, cosa que nos sorprende a mí y a los 20 trabajadores que estamos acá”.
“No tuvimos ninguna notificación, no sé cómo va a terminar todo esto. Vamos a seguir acá hasta que vengan los dueños”, añadió.
Entre los operarios hay personas con más de 30 años de antigüedad. Uno de ellos contó que lleva 36 años en la empresa. “Desayunamos con la fábrica cerrada. No sabés qué pensar ni qué hacer”, relató. La planta abastecía a empresas como Toyota, de manera indirecta a través de otras firmas autopartistas.
El cierre genera una fuerte incertidumbre en las familias que dependen de estos ingresos. “Tengo cuatro hijos, compromisos y la diaria. No sé cómo voy a hacer”, expresó otro trabajador, visiblemente afectado. La escena en la puerta de la fábrica incluyó a empleados con sus pertenencias y bolsos, sin poder ingresar al lugar donde trabajaron durante décadas.
Desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), un delegado que se encontraba en el lugar confirmó que la situación incluye deudas salariales. “Se debe el aguinaldo, una quincena y otros montos. Hay trabajadores que fueron enviados de vacaciones sin cobrar”, aseguró.
Además, mencionó antecedentes recientes en la firma: hace unos meses se habían producido despidos y se había planteado un escenario de quiebra, lo que ya había generado conflictos laborales y dificultades en los pagos.
En junio se había despedido a 11 empleados, indicaron.

Distribuidora de bebidas cerró su planta y echó a 220 trabajadores

La empresa de logística Express Beer anunció el cierre de sus actividades y dejó en la calle a 220 choferes y ayudantes con una antigüedad promedio de 26 años, según informaron desde el Sindicato de Camioneros.
La empresa incurrió en cesación de pagos y adeuda el salario del último mes y el medio aguinaldo, apuntaron desde el gremio, que dispuso el estado de alerta y movilización, al tiempo que no descarta medidas de fuerza en caso de no encontrar una solución para los 220 trabajadores despedidos.
La firma prestaba servicios para Cervecería y Maltería Quilmes, compañía que hace pocos días firmó un acuerdo con el gremio justamente para establecer un grado de igualdad con empleados tercerizados.
Ante la decisión de la empresa, el Secretario Adjunto del sindicato, Pablo Moyano, apuntó contra el presidente de la firma de transportes, Juan Aguilar, y le exigió a Quilmes que asuma su responsabilidad solidaria “como dice la ley”.
El dirigente sindical ratificó el compromiso de “defender cada uno de los puestos de trabajo y acompañar a las familias afectadas”. En este sentido, reclamó que se paguen “la totalidad de las indemnizaciones” y que se disponga la reubicación inmediata de los trabajadores en otras prestatarias del sector que continúan operando para la cervecería.
El gremialista recalcó que “se aprovechan de la reforma laboral” y del Poder Judicial “que está a favor de las empresas”.
Al malestar se suma el modo en que se ejecutó el cierre. Desde el gremio describieron que el operativo se habría realizado de manera sorpresiva durante la madrugada del domingo, con el retiro de la flota pesada de su playón habitual hacia depósitos periféricos, lo que, según la denuncia, cortó cualquier canal de diálogo.
En un comunicado, Camioneros señaló que “durante décadas, el personal desempeñó sus tareas con responsabilidad y compromiso, prestando servicios para Cervecería y Maltería Quilmes”, remarcando que “sin embargo, el propietario de la firma, Juan Aguilar, decidió el cierre de la empresa sin brindar respuestas acordes a la gravedad de la situación, dejando a cientos de familias en la incertidumbre”.
En este contexto, Camioneros reclaman “el cumplimiento de todas las obligaciones laborales”, al tiempo que anunciaron que continuarán llevando adelante “todas las acciones gremiales y legales necesarias para resguardar los derechos de los compañeros y preservar las fuentes de trabajo”.
Asimismo, señaló que las comisiones internas de las empresas que también prestan servicios para Cervecería y Maltería Quilmes manifestaron su solidaridad y acompañan “la lucha de los compañeros de Express Beer”:
On Line
Río de las Vueltas
Special Truck
Levon
TDU
Estas comisiones respaldaron el reclamo “en defensa de los puestos de trabajo y reafirmando la unidad de la familia camionera frente a este difícil momento ante la falta de pago de sueldos y aguinaldo que golpea a los trabajadores”.

El acuerdo reciente que benefició a trabajadores tercerizados

A fines de junio, el Sindicato de Camioneros y las empresas Coca-Cola y Quilmes llegaron a un acuerdo en beneficio de unos 2.500 empleados nucleados en la rama Aguas y Gaseosas. La mejora consiste en un adicional por presentismo que no solo llega a los choferes, sino también a sus respectivos ayudantes de distribución, cubriendo tanto al personal contratado de manera directa por las firmas matrices como a las tripulaciones que prestan servicios bajo el paraguas de las empresas concesionarias y distribuidoras tercerizadas.
En ese momento Moyano planteó que “se trata de un logro importante, que va a quedar en el recibo de sueldo para siempre. No lo venían cobrando, así que es un logro muy importante. Charlamos con los catorce delegados de Coca-Cola y nos dijeron que estaban satisfechos”.

Adidas y Nike no fabricarán más zapatillas en Argentina
Por Graciela Moreno

En la gestión de Javier Milei, Dass cerró su planta de Coronel Suárez y ahora, la de Misiones. El 10% de los despedidos tiene hijos discapacitados y se verán obligados a irse a Brasil a trabajar en la cosecha de fruta.
El grupo brasileño Dass deja de fabricar calzado deportivo en Argentina, no fue decisión propia, sino más bien la falta de pedidos. Fabricaba desde el 2008 y llegó a tener dos plantas y 1.500 empleados. En enero de 2025, cerró la planta de Coronel Suárez y en pocos días más, cierra la fábrica de Eldorado en Misiones y despide a 150 trabajadores.
Dass, propietaria de la marca Asics y tiene las licencias de Umbro y Fila para Latinoamérica. Fabrica calzado deportivo desde hace casi medio siglo, en Argentina producía para marcas como: Adidas, Nike, Fila,Umbro, Asics, Tryon y Under Armour. Hacían zapatillas deportivas y botines, entre otros modelos. La empresa Dass tiene operaciones propias en Brasil y Perú.
Cuando llegó al país hace 18 años, compró la planta de Coronel Suárez que pertenecía a Eduardo Backchellian del grupo Gatic, donde históricamente se fabricaban las zapatillas Adidas.
Sobrevivió a todo, pero esta vez tiró la toalla. En pleno Mundial, 24 horas antes que Argentina entre a cuartos de final, Dass oficializó que cierra definitivamente su planta de Eldorado. Tenía un acuerdo de no despedir hasta mitad de año y como no entraron pedidos decidió bajar la persiana. En mayo, abrió primero un retiro voluntario y sin esperanzas de conseguir clientes anunció que cierra entre el 17 y el 25 de julio.
Gustavo Melgarejo, delegado regional de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTILCRA), contó cómo está integrado el plantel de trabajadores que serán despedidos.
Quiénes son los 150 despedidos de Dass en Eldorado
“Quedamos 150, de los cuales 120 son hombres y 30 son mujeres, algunos tienen 4 años de antigüedad, otros están desde el comienzo y ya tienen 19 años en la empresa. Los nuevos ingresos son chicos de 25 años, pero hay mucha gente de 45 años en promedio. Algunos viven en Eldorado, otros a 25 kilómetros en Monte Carlos, a 10 kilómetros en Colonia Victoria, a 20 kilómetros en 9 de julio y unos cuantos vienen desde Banda a 60 kilómetros y 45 minutos de auto sobre la ruta 60”, explicó Melgarejo.
Un dato es alarmante, más del 10% de los trabajadores despedidos tienen hijos con discapacidades. De los 150, un total de 16 está desesperado porque tiene hijos discapacitados que requieren de cobertura médica por sus tratamientos. Hay algunos con autismo, retraso madurativo, entre otras patologías.
En Eldorado todo es desolación, son apenas 80.000 habitantes y ven como cierra su principal industria. En todos estos años se acostumbraron a las idas y vueltas que tuvo que atravesar la empresa por los cambios de políticas económicas de los gobiernos de turno.

El paso a paso: de Cristina Fernández a Milei

“La mejor época la vivimos en el gobierno de Cristina Kirchner, éramos 1.500 trabajadores y había 20 líneas produciendo. Nosotros siempre hacemos un histórico. Cuando finaliza Cristina, asume Macri y de los 1.500 quedamos 350 trabajadores. Cuando llega Alberto Fernández con Cristina, se impulsa el crecimiento industrial y termina su gestión con 550 obreros en la fábrica”, detalló el delegado.
El representante de los trabajadores analizó cómo les fue con el último cambio de gobierno: “Cuando asume Javier Milei, en sus primeros dos años se perdieron 400 puestos en Dass de Eldorado y ahora cierra definitivo, o sea de los 550 que éramos con Milei no quedará nadie en pie. En el gobierno de Cristina, se producían capelladas y suelas, llega Macri y libera los kits y comienzan a importarse. La estocada final la da Milei que dejó importar libremente todo. Milei hizo lo mismo de Macri, pero más rápido”.
La mayoría de los despedidos votaron a Milei
En el 2023, Milei ganó Misiones por casi un 42%, también arrasó en Eldorado. La pregunta obligada es qué evaluación hacen, esos mismos trabajadores de la planta que votaron a Milei. “Todos los compañeros están muy arrepentidos de haberlo votado a Milei, hay sólo uno o dos confiados que esto mejorará. En nuestro sector, el gobierno no revertirá la situación”, dijo el delegado.
Cuando se abrió el retiro voluntario en mayo, se fueron más de 50 trabajadores. No querían perder sus puestos, pero estaban muy endeudados.
El cierre fue confirmado por Dass, comunicaron que sus marcas no se van del país y que tendrán oficinas comerciales en Buenos Aires y dos centros logísticos Coronel Suárez y Cañuelas. La mercadería de sus propias marcas Fila, Umbro y Asics vendrá importada desde Brasil, donde tienen 8 fábricas y 55.000 empleados. Definen esta decisión como una reestructuración que cambia el modelo de abastecimiento.
La planta de Dass en Eldorado es propia. “La empresa nos dijo que van a dejar las máquinas y no va a vender la planta. Están esperando un cambio de política de gobierno o un cambio de gobierno que vuelva a regular las importaciones. Por ahora, esperan a ver que les depara el futuro”, explicó Melgarejo.
Al momento del cierre, Dass tenía sólo 3 líneas de producción activas y fabricaban sólo para Nike y Adidas. Melgarejo explicó: «Para Nike fabricábamos las zapatillas del modelo Pegasus y para Adidas las casual, entre otras. Nosotros veníamos viendo que el cierre era una posibilidad por la política nacional. Pero no creíamos que Adidas y Nike iban a cambiar el trabajo local por el trabajo esclavo, porque traerán todo de Asia. Ambas marcas no fabricarán más en Argentina. Si tenemos en cuenta que sólo Adidas importó 12 millones de pares en los primeros 6 meses, mientras nuestra producción en el primer semestre fue de 600.000 calzados deportivos. Con nuestro trabajo ambas marcas ganaron plata y ahora se aprovechan de la situación para traer zapatillas terminadas desde afuera y no generar trabajo».
Si bien no hay mucho por hacer, porque la decisión está tomada, los trabajadores se ilusionan con algún milagro, que alguien interceda y se apiade de ellos. Sueñan con volver a su vida normal.

Emigrar a Brasil para la cosecha es la única solución

A dónde tendrán que ir a buscar trabajo, si la planta cierra. “Tendremos que ir a Brasil, en Eldorado y en la provincia no hay trabajo. No nos quedará otra que ir a cosechar frutas, verduras, cebolla, algo, algo de eso. No tenemos posibilidades de reinsertarnos”, contó con un gran dolor en el alma. Irse a otro país es una vida dura, que implica un gran esfuerzo y no estar junto a su familia.
Perder el trabajo en Misiones, es cambiar la vida, no sólo porque implica privarse de cosas y gustos, sino también porque al cruzar la frontera, se privan de la contención familiar y deben empezar otra vida.

Entre Ríos: trabajadores de Granja Tres Arroyos, Unionbat y Pyam se unen en una jornada sobre la Ruta 14

La crisis industrial que atraviesa Entre Ríos se sigue profundizando y comienza a encontrar una respuesta común de los trabajadores. Tras meses de conflicto en Granja Tres Arroyos y luego despidos en Unionbat y Pyam, los distintos sectores resolvieron confluir en una jornada unificada de protesta.
El miércoles 8 de julio, desde las 13:00, hubo concentraciones en distintos puntos de la Ruta Nacional 14, donde los trabajadores de las tres empresas reclamaron por sus puestos de trabajo y se pronunciaron contra los cierres y despidos que golpean a la provincia.
La idea que prima entre los trabajadores es sostener la organización, mantener la unidad y buscar la coordinación con otros sectores en lucha.
El 26 de junio parecía un día más en la fábrica de acumuladores de Unión Bat. Una fábrica con máquinas que no existen en todo el resto del país y que, según trabajadores, es la única planta de la empresa donde se cumplen las normas ISO. Lo que ellos no sabían era que el turno nocturno y el matutino “laburaron echados”. Esa mañana los encargados tuvieron reunión con los jefes, como siempre, sin mayores novedades; pero algo cambió cuando llegó el gerente de Recursos Humanos porteño, y tuvo una nueva reunión.
Encerraron a los encargados y no les permitieron hasta casi las 11 de la mañana a transmitirles una novedad cruel a sus compañeros: El último día de trabajo había sido el 25. Fue así como, trabajadores que esperaban que este gobierno, contra toda deducción posible y con ese resto de esperanza en fórmulas mágicas, les diera mejores condiciones de vida, se encontraron de golpe en la larga lista de excluidos del derecho al trabajo por una decisión de sectores privados, con un aviso, no sólo inmediato, sino tardío: dos turnos ya habían trabajado luego de la fecha de despido.
Entonces, un grupo de trabajadores tomó una decisión: no se moverían de las puertas del lote de la empresa en el Parque Industrial de Gualeguaychú hasta tener una respuesta de la fábrica sobre el pago de los sueldos y aguinaldos adeudados. Pudieron ver los recibos digitales, luego desaparecieron, días después volvieron a aparecer: Los depósitos no se llevaron a cabo. Suponiendo que se depositen los sueldos.
¿Qué harían los trabajadores despedidos? “Ellos no pueden cerrar esto, la máquina que está ahí adentro es única, en toda Argentina no hay otra igual”. Ustedes se preguntarán si no sería más conveniente y alineado a las prácticas contemporáneas comprarlas de afuera, pero un trabajador respondió a esta pregunta: “ya lo intentaron, más de mil baterías trajeron de afuera, y terminaron en la recicladora. No les servían.”
Aparentemente, la crisis de la industria automotriz es la gran responsable de esta decisión de los directivos de la empresa, que además de todas las ilegalidades que cometieron con el aviso a destiempo del despido (algunos hablan incluso de desobediencia a una supuesta conciliación obligatoria); no llamó a los trabajadores a convenios por indemnización, no ofreció absolutamente ninguna garantía de las que ofrece (ni siquiera) la injusta y recientemente reglamentada “reforma laboral”. “Nos enteramos ahí, antes de salir. A los del turno tarde ni siquiera los dejaron entrar.”
El lunes 6 de julio, se manifestaron en la rotonda de ingreso al Parque Industrial de Gualeguaychú, junto al sindicato de industrias petroquímicas de Zárate, sus familiares y la comunidad. Mientras en las redes algunas personas se quejan por la humareda de las gomas quemadas, ellos decían “un poco de este humo no es nada al lado del plomo, ahí adentro”.
El Parque Industrial está hace meses en el ojo de la opinión pública, ya que sus efluentes no son tratados antes de arrojarse al río Gualeguaychú, el principal cauce de agua y que da nombre a una ciudad turística. Unión Bat es una de las empresas que más contamina y quienes allí trabajan sufren cotidianamente las consecuencias de un aire enrarecido con productos altamente tóxicos.
“Nosotros por ahora estamos bien, nos vamos turnando las tareas” (para mantener el acampe), “sólo podemos pedir difusión, y hoy algo de ruido hicimos”.
Si para el martes 7 de julio, la empresa no realiza los depósitos adeudados y sigue sin comunicarse con el acampe y no realiza ningún movimiento; el miércoles 8 se producirán cortes en simultáneo sobre la ruta 14, en conjunto con otras industrias como Granja Tres Arroyos.
Cabe destacar la presencia de los 11 trabajadores de Laboratorios Pyam, también despedidos ilegalmente, que permanecen realizando sus tareas ya que dicha empresa sí acató una conciliación obligatoria dictada por el Poder Judicial. El 9 de julio esperaban acercarse a los obeliscos de la costanera para hacer saber su descontento a las autoridades, en particular al Gobernador Rogelio Frigerio.

Trabajadoras del ARS se encadenan en la Gobernación bonaerense

Verónica y Victoria, trabajadoras de planta del Astillero Río Santiago, fueron despedidas por la empresa luego de atravesar situaciones graves de violencia de género en sus hogares. El Astillero no solo ignoró los protocolos y leyes que protegen a las mujeres trabajadoras en contextos de vulnerabilidad, sino que además dejó sin sustento a dos familias, desoyendo los reclamos de ellas y de las organizaciones feministas, sociales, sindicales y estudiantiles que acompañan la pelea.
Asimismo, ATE de la seccional Ensenada les viene negando la defensa gremial, siendo ellas afiliadas y militantes de la Agrupación Marrón del Astillero, opositores a la actual conducción del mismo.
El miércoles pasado, las trabajadoras despedidas se encadenaron a las puertas de la Gobernación provincial, en el marco de una jornada de lucha que incluye un acampe, olla popular, festival de bandas y artistas locales, y una asamblea feminista en apoyo a su reclamo. La acción es acompañada por organismos de Derechos Humanos y una amplia variedad de organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y de Derechos Humanos que le exigen al gobernador Axel Kicillof la inmediata reincorporación de las trabajadoras.
El reclamo no es nuevo: desde el 3 de junio, en el marco de la jornada de Ni Una Menos, las despedidas junto a delegados del Astillero y referentes del movimiento de mujeres se presentaron en el ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia para pedir la intervención de la ministra Estela Díaz. Sin embargo, la respuesta oficial fue que “el ministerio no tiene competencia para actuar” frente a los despidos, dejando en evidencia el doble discurso del gobierno provincial, que se llena la boca hablando de derechos de las mujeres pero no toma acciones concretas cuando se trata de garantizar el trabajo y la protección de quienes sufren violencia de género.
La campaña por la reincorporación de Verónica y Victoria fue creciendo y sumando apoyos, tanto dentro del Astillero como en la región. La asamblea feminista votó por mayoría la realización de un acampe frente a la Gobernación, ante la inacción de todos los organismos a los que se recurrió. La diputada de la izquierda y referente del movimiento de mujeres, Myriam Bregman, se sumó al reclamo, exigiendo la intervención del gobierno provincial y la restitución de los puestos de trabajo.
La pelea de Verónica y Victoria es parte de una lucha más amplia contra el ajuste, la precarización y la violencia de género, y pone en evidencia la necesidad de organización y solidaridad para enfrentar los despidos y exigir que se respeten los derechos conquistados. La campaña sigue activa, con fondo de lucha y acciones de visibilización, y exige una respuesta urgente del gobierno de Kicillof para que las trabajadoras vuelvan a su puesto y no se repitan más casos de despidos discriminatorios en la Provincia.

La docencia bonaerense enfrenta el ajuste de Kiciloff

El acatamiento al paro de 48 horas es masivo a pesar de descuentos que llegan a montos de $200.000 para maestras de primaria. La campaña incluyó un comunicado dirigido a todas las Jefaturas, que fue enviado a las escuelas por los grupos de WhatsApp para instalar la idea de las jornadas de lucha no eran legítimas porque no eran convocadas por el Suteba provincial, pero las y los docentes hicieron valer sus reivindicaciones y se plegaron masivamente al paro con una adhesión de un promedio del 70% en la Provincia, llegando nuevamente a distritos del interior.
La Conducción Provincial de Suteba, en manos de la recientemente electa candidata a Secretaria General, María Laura Torre, de la Lista Celeste-Violeta, en vez de repudiar esta campaña, se ha plegado a esta campaña y amenazado a las seccionales de Conducción Multicolor con sanciones disciplinarias por expresar a la docencia que dice basta.
Lo que está en disputa ahora es si esa fuerza que se viene expresando en paros o movilizaciones aisladas se dispersa y se utiliza luego para alguna salida electoral o si se transforma en un movimiento combativo, unitario y con continuidad, capaz de enfrentar tanto al gobierno de Milei como al ajuste en la provincia.

Trabajadores de Televisión movilizaron al Canal Blender

Los trabajadores de televisión nucleados en el SATSAID realizaron el jueves 2  de julio una movilización frente a las instalaciones del canal de streaming Blender en CABA para exigir la reincorporación de los empleados despedidos y denunciar lo que consideran una represalia contra quienes reclamaron mejoras salariales. La protesta reunió a trabajadores del sector, delegados sindicales y organizaciones gremiales que expresaron su solidaridad con el conflicto, que en los últimos días tomó estado público tras la interrupción de una transmisión en vivo por parte de la periodista Fiorella Sargenti.
La convocatoria fue impulsada luego de que la empresa del ultraderechista Augusto Marini -también dueño del streaming Carajo- desvinculara a una decena de trabajadores, según denunciaron los propios empleados. Durante la manifestación se reclamó la inmediata reincorporación de los despedidos y el cese de las prácticas antisindicales, mientras los manifestantes advirtieron que continuarán con medidas de fuerza hasta obtener una respuesta de la empresa.
El conflicto comenzó a escalar cuando los trabajadores denunciaron que los despidos se produjeron después de reclamar el cumplimiento de acuerdos salariales que, según afirmaron, la empresa había asumido a comienzos de 2026. En un comunicado difundido públicamente sostuvieron que las cesantías ocurrieron inmediatamente después de exigir mejoras en los ingresos y reclamaron poder «volver a trabajar y salir al aire con normalidad lo más pronto posible».
La situación alcanzó gran repercusión cuando Fiorella Sargenti interrumpió en vivo el programa que conducía para solidarizarse con sus compañeros despedidos. «No podemos hacer un programa así. Echaron a muchos compañeros por hacer un reclamo vinculado al aumento de nuestros salarios. Si tocan a uno, tocan a todos; así funciona la solidaridad laboral», expresó al aire. La periodista también denunció que el canal estaba «militarizado» y que a varios trabajadores no se les permitía ingresar al edificio.
Tras esos hechos, distintas organizaciones sindicales y trabajadores de prensa manifestaron su apoyo a los despedidos. El sindicato de prensa SiPreBA calificó las cesantías como una «medida antisindical» y expresó su respaldo al reclamo por la reincorporación, mientras que trabajadores de los medios públicos de la Ciudad de Buenos Aires también difundieron un comunicado de solidaridad.
¡REINCORPORACIÓN YA DE LAS Y LOS TRABAJADORES DESPEDIDOS DE BLENDER!
Según informaron los trabajadores, el reclamo no se limita a la restitución de los puestos de trabajo. También exigen que la empresa respete los compromisos salariales asumidos y garantice condiciones para ejercer la actividad gremial sin sufrir represalias. En ese marco, la movilización del jueves buscó visibilizar el conflicto, exigir el encuadre de los trabajadores que permanecen en funciones bajo el Convenio colectivo de televisión y ampliar el respaldo de otros sectores del movimiento obrero y de los medios de comunicación.
El conflicto también volvió a poner el foco sobre las condiciones laborales en los medios de streaming, un sector que experimentó un fuerte crecimiento en los últimos años pero donde los trabajadores denuncian situaciones de precarización laboral y dificultades para organizarse sindicalmente. Los manifestantes señalaron que continuarán impulsando acciones hasta lograr la reincorporación de los despedidos y una respuesta de la empresa a sus reclamos.

Trabajadores de Expreso Brío denuncian despidos

En la Casa Central ubicada en Rosario van 60 despidos, pero a nivel nacional superan los 200.
El martes 30 de junio “nos presentamos a trabajar, nos encontramos con el portón cerrado. Nos dijeron que teníamos que esperar hasta que viniera una persona que nos iba a comunicar que no íbamos a continuar trabajando. Se presentó con una lista y empezó a decir quién entraba y quién no entraba. Acá estamos una gran parte de los que quedamos afuera», contaron los trabajadores.
Brío es una empresa de logística con una red nacional. “Tiene sucursales por todo el país, en Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, San Juan, Santa Fe, Rafaela. Todas fueron cerrando a medida que se fue presentando esta crisis que manifiesta la empresa”.
Denunciaron que no solo se trata de repentinos despidos. Les están debiendo salarios de mayo, junio, los bonos y el aguinaldo.
El jueves 2 de julio realizaron una movilización al ministerio de Trabajo provincial de Santa Fe reclamando la intervención de las autoridades laborales para sostener los puestos de trabajo y que les paguen las obligaciones pendientes.

Cascia despide de manera antisindical

El Sindicato Químico Pilar denunció la grave situación laboral que atraviesan los trabajadores de la firma CASCIA Gases Comprimidos.
Aseguran que detectaron desafiliaciones escritas de puño y letra por gerentes de la empresa. Se trata de una campaña antisindical.
Según el sindicato químico, “se sumaron 3 nuevos despidos que afectaron exclusivamente a personal afiliado, mientras que se resguardó el puesto de quienes optaron por bajarse del sindicato”. Denuncian que se trata de una clara “práctica desleal y conducta antisindical” que atenta contra los derechos constitucionales.
La empresa, además, faltó a las audiencias citadas por el ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Peor aún: el ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria para abrir una mesa de diálogo entre las partes, pero la firma no la respetó y avanzó con los despidos.
Sixto Desanto, integrante del gremio, denunció: “Tienen un ensañamiento con los compañeros que están sindicalizados. Los echan inventándoles causas”.
Los voceros gremiales dijeron que “continuaremos utilizando todas las herramientas gremiales y legales para defender el empleo y la dignidad”, concluyeron desde la organización conducida bajo el lema: “Sin trabajadores no hay empresa”.
En estos días realizaron un acampe en las puertas de la empresa.

La Justicia vuelve a abrir la puerta a un posible desalojo de Fate

La ofensiva judicial es denunciada por los trabajadores como parte de una política de persecución contra quienes sostienen desde hace cuatro meses una lucha en defensa de sus puestos de trabajo y contra el ilegal lock out patronal.
Las citaciones se producen en un contexto de creciente presión judicial sobre la resistencia obrera. Los trabajadores señalan que la actuación de Fuenzalida expresa una orientación claramente favorable a los intereses patronales, criminalizando las medidas de lucha mientras permanece sin respuesta el reclamo de cientos de familias afectadas por el lock out y los despidos impulsados por Javier Madanes Quintanilla.
A esta situación se suma un reciente cambio de postura de la Cámara de Apelaciones respecto del pedido de desalojo presentado por la empresa. Según trascendió, los camaristas sostuvieron que las circunstancias del conflicto se modificaron a partir de la finalización de la conciliación obligatoria, habilitando al juzgado interviniente a volver a evaluar la posibilidad de ordenar un desalojo de los trabajadores que permanecen defendiendo sus puestos de trabajo. Por ahora, el juzgado ha rechazado el desalojo, pero no se descartan nuevas apelaciones o presentaciones de la empresa que obliguen a una nueva intervención de la Cámara.
Para quienes protagonizan la lucha, las citaciones judiciales y la renovada amenaza de desalojo forman parte de una misma estrategia. Lejos de tratarse de hechos aislados, consideran que existe una escalada orientada a desgastar la permanencia, sembrar temor entre los trabajadores y quebrar la organización que ha logrado sostenerse pese a las enormes dificultades económicas y sociales que atraviesan las familias afectadas.
Los trabajadores destacan que, pese a las amenazas judiciales y patronales, la lucha de Fate ha logrado un importante respaldo de organizaciones sindicales, Comisiones internas, estudiantes, organismos de Derechos Humanos, personalidades de la cultura y miles de personas que se han solidarizado durante estos cuatro meses de conflicto. Entre las expresiones más resonantes se encuentra el apoyo público del recientemente fallecido Carlos «Indio» Solari, que se sumó a una extensa lista de pronunciamientos en defensa de los puestos de trabajo. Para los trabajadores, esa red de solidaridad constituye una fuerza concreta para enfrentar cualquier intento de desalojo y sostener una pelea que sigue viva y activa.
Frente a las amenazas y el hostigamiento, los trabajadores continúan apostando a la organización colectiva y a la solidaridad para defender una pelea que ya se ha convertido en una referencia de resistencia obrera en todo el país.

Radio abierta en Tribunales de San Isidro contra la amenaza de desalojo

El lunes por la mañana, trabajadores despedidos de Fate y sus familias realizaron una radio abierta frente a los Tribunales de San Isidro para reclamar que la Cámara de Apelaciones rechace la amenaza de desalojo que pesa sobre la permanencia que sostienen desde hace casi cinco meses en defensa de sus puestos de trabajo.
La actividad contó con el acompañamiento de delegaciones de la Agrupación Bordó de Mondelez Planta Pacheco, trabajadores despedidos de Georgalos, estudiantes secundarios de No Pasarán y universitarios de En Clave Roja, entre otras organizaciones solidarias.
Durante la radio, Sebastián Tesoro, trabajador despedido de Fate, señaló que la decisión está ahora en manos de la Cámara de Apelaciones. «La pelota la tiene esta Cámara, que es la que va a tener que resolver si desalojan a los trabajadores de Fate y nuestras familias o rechaza el pedido y la exigencia de Madanes Quintanilla», afirmó.
Tesoro recordó que la permanencia comenzó luego del lockout patronal del 18 de febrero. «Estamos próximos a cumplir cinco meses resistiendo una lucha muy dura. La patronal cerró las puertas dejándonos a miles de familias en la calle y decidimos ocupar el establecimiento para pelear por nuestros puestos de trabajo, demostrando que no era un cierre sino un lockout ilegal», sostuvo.
También cuestionó al dueño de Fate, Javier Madanes Quintanilla, al señalar que se trata de «uno de los personajes más ricos del país», que recientemente informó ganancias millonarias mientras mantiene cerrada una fábrica «que podría estar produciendo».
Por su parte, Ariel Godoy, también despedido de Fate, agradeció la solidaridad de las organizaciones presentes y denunció nuevas provocaciones de la empresa. «El otro día metieron seis camiones para sacar cubiertas y materia prima. Seguimos denunciando esas maniobras en el marco de un lockout, cuando sabemos que es una fábrica que está en perfectas condiciones para reabrir», expresó.
En representación de las familias, Verónica Valenzuela destacó el apoyo recibido durante estos meses de conflicto. «Venimos hace más de cinco meses dando una gran pelea y hemos recibido un enorme apoyo de todo el país. Seguimos de pie», afirmó.
Valenzuela denunció que el cierre de la planta dejó «a 900 familias en la calle» y cuestionó la falta de respuestas del gobierno bonaerense. «Le pedimos una reunión al gobierno de Axel Kicillof para discutir el proyecto de ocupación temporal presentado en la Legislatura y no nos dio ni una sola reunión. Kicillof quiere ser presidente, pero no se reúne con los trabajadores de Fate ni con sus familias», señaló.
Finalmente, remarcó que continúan reclamando tanto a la Justicia como al gobierno provincial una salida que garantice la reapertura de la fábrica y la defensa de todos los puestos de trabajo. «Seguimos firmes. Venimos a pedir que atiendan nuestro reclamo por la reapertura de la fábrica y por recuperar nuestros puestos de trabajo», concluyó.

Caravana de Fate

Fue el martes 14 de julio, desde las 9:00. El recorrido incluyó un paso por el Ministerio de Trabajo provincial y la Legislatura Bonaerense. Los trabajadores de FATE exigen la inmediata intervención de la gobernación para poner fin al ilegal lockout patronal. En este marco, advierten además que en la madrugada del viernes, camiones enviados por la empresa se presentaron en el predio de San Fernando con la intención de llevarse neumáticos de los galpones, y llaman a todas las organizaciones obreras a acompañarlos en la puerta de planta en estado de alerta.
Los trabajadores, nucleados en el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático de Argentina, informan que desde la patronal de FATE, encabezada por el empresario Javier Madanes Quintanilla, iniciaron el viernes una serie de provocaciones: “Sabiendo que el próximo martes habrá audiencia en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, y nos encontramos en vísperas del fallo de la Sala II de Apelaciones del Trabajo, claramente intentando evitar resoluciones en contra del ilegal lock-out que está llevando adelante”.
En este contexto cobra más fuerza la convocatoria a la caravana, para acompañar la lucha de los trabajadores cuyo objetivo es darle continuidad productiva al único fabricante de neumáticos para camión y colectivo del país, evitar los injustos despidos y confirmar la generación de miles de puestos de trabajo para hoy y para el futuro.

En la paritaria aceitera llevan el salario inicial a 2,7 millones de pesos

El frente sindical de la industria agroexportadora quebró la resistencia de las Cámaras empresarias y selló un acuerdo que rompe el techo en las negociaciones colectivas del gobierno y lleva el salario inicial del sector a $2.700.000. La conflictiva paritaria aceitera mantenía en alerta al principal polo de divisas del país tras la promesa de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) de San Lorenzo de retomar las medidas directas tras la finalización de la conciliación obligatoria.
El entendimiento salarial, rubricado por los gremios con los representantes de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), la Cámara de la Industria de Aceites Vegetales y Aditivos (CIAVEC) y la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), garantiza que el sueldo inicial del sector tenga un salto sustancial en las próximas planillas de liquidación.

El detalle de los nuevos básicos y las sumas retroactivas

Los términos técnicos pautados entre las representaciones gremiales y las entidades empresarias establecen el siguiente esquema de actualizaciones para la categoría de peón (la escala inicial de ingreso a las plantas):
Básico a partir del 1° de julio de 2026: Los haberes del sector operario pasarán de los actuales $2.344.000 a un piso de $2.578.400.
Básico a partir del 1° de septiembre de 2026: El piso salarial de convenio volverá a indexarse hasta alcanzar los $2.719.040 para la totalidad de las y los trabajadores aceiteros.
Compensación retroactiva: Se acordó de forma complementaria el pago de una suma retroactiva para los meses de mayo y junio de 2026. Dicho retroactivo se liquidará de forma unificada junto con los haberes correspondientes al mes de junio de 2026.

Crónica de una paritaria tensa: audiencias hasta la madrugada y tregua de fin de semana

Para llegar a este acuerdo, los gremios tuvieron que pasar por un tenso y prolongado escenario desde la huelga nacional por tiempo indeterminado que comenzó el pasado 27 de mayo, la conciliación obligatoria, canales de diálogo que se cortaron, el fin de la prórroga el jueves pasado y el cuarto intermedio que operó desde el viernes hasta la reunión que mantuvieron este lunes.
La negociación venía arrastrando una profunda parálisis por lo que cada sector entendía que debía ser la base del aumento. Por un lado, CIARA y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) se mantenían intransigentes en su postura de congelar el poder adquisitivo real aplicando un esquema de indexación automática atado al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, buscando encuadrar las subas dentro de las previsiones fiscales del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central.
Por el contrario, los gremios encabezados por Daniel Yofra (FTCIODyARA) y Daniel Succi (SOEA) rechazaron de plano esa metodología por considerar que licuaba los ingresos. Los sindicatos mantuvieron firme su pliego de demandas de un incremento directo del 20% promedio sobre las escalas, tomando como base metodológica el costo real de una canasta de hogares. Antes de ingresar al tramo definitivo de las mesas técnicas, Yofra había graficado el inicio del verdadero debate señalando que, si bien la negociación estaba muy trabada, por lo menos se había «despegado el carro que estaba clavado».
El conflicto alcanzó su punto de mayor tensión el jueves pasado, jornada en la que expiraba formalmente el período de conciliación obligatoria dictado por el Gobierno nacional. Los paritarios ingresaron a la sede central de la Secretaría de Trabajo a las 11:00 de la mañana y llevaron adelante una maratónica y trabada mesa de debate que se extendió por 12 horas consecutivas en un entorno de máxima tensión.
A las 2:00 de la madrugada del viernes, al no registrarse firmas y ante el peligro inminente de un paro general que bloqueara el procesamiento de granos en pleno pico de la cosecha gruesa de soja y maíz, las autoridades laborales dispusieron un cuarto intermedio presencial hasta este lunes a las 13:30 horas. Como muestra de buena fe en la negociación, Succi y Yofra aceptaron resguardar la «paz social» durante el fin de semana, desactivando temporalmente las medidas de fuerza pero advirtiendo que regresarían a la audiencia con el mandato asambleario intacto para reiniciar las huelgas si las firmas agroexportadoras persistían en sus techos financieros.

Los gremios celebraron el aumento: «Garantiza la vida digna»

Tras la firma del acta salarial, la Federación Aceitera y el SOEA San Lorenzo emitieron un pronunciamiento conjunto celebrando el acuerdo y afirmando que la paritaria aceitera no se rige por las conveniencias del mercado financiero, sino por los preceptos constitucionales vigentes.
“En la negociación defendimos el reclamo paritario de nuestras organizaciones gremiales, fundamentado en el derecho a un Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) según su definición en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, que asegure a los trabajadores sin carga de familia, en su jornada legal de trabajo, la satisfacción de las 9 necesidades: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión”, apunta el documento.
Las entidades gremiales contextualizaron el logro paritario en el marco del complejo momento institucional que atraviesa el movimiento obrero argentino ante el avance del gobierno contra los derechos de los trabajadores: “Lo hicimos en un contexto donde el gobierno y las patronales han desatado un ataque en todas las líneas contra la clase trabajadora argentina. Su punto máximo es la regresiva reforma laboral, con la que avanzan contra derechos históricos y pretenden limitar, hasta el punto de la prohibición, el ejercicio constitucional de la huelga”. Asimismo, denunciaron el despliegue de una «burda campaña de desinformación» corporativa destinada a deslegitimar los reclamos de las bases de molienda.
Finalmente, recordaron que la conquista salarial, que “garantiza la vida digna de las familias agroindustriales”, fue el resultado directo de la demostración de fuerza colectiva plasmada el pasado 27 de mayo con la contundente Huelga Nacional Aceitera, advirtiendo que repetirán las medidas de fuerza directa en las terminales portuarias cada vez que las empresas pretendan vulnerar sus conquistas convencionales.

Rechazan nuevos despidos en Lutramax

La Comisión Interna de Lustramax se manifestó en la puerta de la empresa para denunciar el despido de al menos 8 trabajadores. Exigieron su reincorporación inmediata, además del pago del aguinaldo completo, ya que no aceptarán ninguna suma en cuotas.
“La patronal está totalmente en la ilegalidad con estos nuevos despidos sin demostrar ninguna crisis. En la ilegalidad por no acatar tres fallos judiciales que ordenan la reinstalación del delegado Leandro Gómez. A la empresa también se le archivó el juicio penal contra los trabajadores que luchamos por nuestros puestos de trabajo, y recientemente también se archivó el juicio de desafuero contra Leandro”, expresaron desde la Comisión Interna.
Ante este nuevo ataque de la empresa llamamos a las y los trabajadores a rechazarlos y resistir. Exigimos al Sindicato de Comercio que rechace los despidos y se ponga a disposición para enfrentar a la empresa y su plan de que no haya ninguna organización que pelee por los derechos adquiridos qué logramos desde hace años gracias a la lucha y a la organización”, agregaron.

Despidos en Tenaris Siat (Techint)

La decisión llega tras la pérdida de contratos para abastecer obras vinculadas a Vaca Muerta y la falta de proyectos de gran escala. Los trabajadores denuncian que las cesantías podían evitarse y avanzarán con un plan de lucha para defender los puestos de trabajo. 
La empresa Tenaris SIAT, perteneciente al Grupo Techint, anunció el despido de 150 trabajadores de su planta ubicada en Valentín Alsina, partido de Lanús. La decisión fue confirmada por el delegado fabril de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Avellaneda-Lanús, Dylan Paz, quien mencionó que las desvinculaciones afectan a empleados con más de cuatro años de antigüedad.
En respuesta, los once delegados y los más de 350 trabajadores que continúan desempeñándose en la fábrica resolvieron avanzar con un plan de lucha para intentar revertir la medida. Se movilizarán hacia la sede de la seccional sindical, donde definirán junto a las autoridades gremiales los pasos a seguir.
La decisión representa un fuerte retroceso para una planta que apenas tres años atrás atravesaba uno de sus momentos de mayor actividad. Durante la construcción del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, en 2023, el establecimiento llegó a emplear a más de 550 trabajadores bajo convenio y operaba en tres turnos para abastecer la demanda de caños destinados a esa obra estratégica.
Sin embargo, el escenario cambió luego de que Tenaris perdiera la licitación para proveer los caños del tramo del gasoducto entre Vaca Muerta y Río Negro. Sin nuevos proyectos de gran escala que permitieran mantener ocupada la capacidad instalada, desde abril la empresa implementó un esquema de suspensiones para sostener parcialmente la actividad.
Los trabajadores sostienen que existía una alternativa para evitar las cesantías. En ese sentido, presentaron un petitorio a la dirección de la empresa solicitando extender el actual régimen de suspensiones hasta fin de año, con la expectativa de que en octubre se abran nuevas licitaciones vinculadas a los desarrollos gasíferos de Vaca Muerta que permitan recuperar la carga de trabajo. No obstante, desde la Comisión interna señalaron que la empresa no dio señales de revisar la decisión.
En este contexto, el delegado remarcó que la situación de la planta contrasta con el presente del sector energético. “Hoy en Vaca Muerta hay récord de perforaciones y un nivel de actividad que no corresponde con lo que sucede acá, y que se explica por la política de apertura indiscriminada de importaciones que permite este Gobierno y que nos perjudica profundamente a nosotros”, afirmó.
Por otra parte, enfatizó en que el costo de la crisis no debería recaer sobre los trabajadores. “El costo de esta situación lo tiene que pagar la empresa, que es una multinacional y tiene la espalda para hacerlo, no los trabajadores”, sostuvo.
Frente a este panorama, los operarios resolvieron fortalecer la organización interna y avanzar con medidas gremiales. La movilización hacia la sede de la UOM Avellaneda-Lanús busca definir un plan de lucha para enfrentar los despidos y sostener el reclamo por la continuidad de los puestos de trabajo. “Contamos con el apoyo de los compañeros de la seccional y de los 350 trabajadores que estamos en la fábrica. Sólo con la unidad de los compañeros vamos a poder sacar adelante este problema”, concluyó el delegado.

Paolo Rocca desconoce la conciliación obligatoria

A dos semanas de haberse efectuado los primeros 150 despidos de trabajadores contratados irregularmente y de 15 trabajadores efectivos, Rocca hace caso omiso al dictamen ordenado por el Ministerio de la provincia de retrotraer la situación a foja cero. La Comisión Interna y organismos de DD HH como el CeProDH ya han denunciado públicamente este hecho.
En la audiencia del miércoles 8/7 no hubo ningún avance y la patronal niega los hechos de la realidad mientras que la Comisión Interna alerta sobre nuevas medidas de fuerza si no se avanza en una solución efectiva. En la última audiencia del 13/7 la patronal sigue insistiendo en trasladar el reclamo a la secretaría de Trabajo que maneja Julio Cordero, ex directivo de Techint.
Mientras sigue acumulando cifras multimillonarias, el plan del empresario más poderoso del país es descargar sobre las espaldas de los trabajadores su “tropezón” en los negocios con el gobierno.
Paolo Rocca no solo fue un enérgico impulsor del gobierno de Javier Milei, si no que es parte fundamental de él. Aportando más de 8 funcionarios en lugares claves del gobierno. Este apoyo no es casual, el líder (de hecho) de los empresarios nacionales venía reclamando a los distintos gobierno de turno, avanzar contra los derechos de los trabajadores. En varias ocasiones se los escuchó decir que la mano de obra argentina era “cara y poco productiva”. Esta afirmación clarifica el posicionamiento antiobrero del empresariado nacional. El gobierno lo compensó con la mal llamada Ley de modernización laboral, una contra reforma esclavista que retrocede 100 años en derechos laborales.
La actual política del gobierno, hizo que Rocca perdiera algunos negocios en manos de monopolios extranjeros con más poder de lobby pero como recompensa obtiene nuevas ganancias con Vaca Muerta, pero aún así quiere descargar un brutal plan de despidos sobre los trabajadores que produjeron las miles y miles de toneladas de caños que formaron parte del gasoducto Néstor Kirchner, y hoy son considerados descartables.

La izquierda presenta un proyecto para declarar la emergencia laboral en la provincia de Buenos Aires

La diputada bonaerense de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad (FIT-U), Mónica Schlotthauer, presentó un Proyecto de ley para declarar la emergencia laboral por el plazo de dos años en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa busca que la Legislatura adopte medidas frente al crecimiento de los despidos, el cierre de empresas y el deterioro de las condiciones laborales que, según la legisladora, se profundizaron desde la llegada de Javier Milei al gobierno nacional.
Al fundamentar el proyecto, Schlotthauer sostuvo que «desde que asumió Javier Milei al frente del Ejecutivo nacional, cerraron alrededor de 25.000 empresas en todo el país y fueron despedidos del sector público más de 61.000 trabajadores«. A ese escenario sumó indicadores sociales que describió como alarmantes: una inflación anual del 31,5% durante 2025, una pobreza del 31,6%, una indigencia del 6,9% y una pobreza infantil que alcanza al 45,4% de niñas, niños y adolescentes.
La diputada remarcó que la provincia de Buenos Aires no escapa a esa realidad: «solo los últimos 2 años cerraron 5.832 empresas en la provincia y se estima una pérdida total de 79.090 puestos de empleo registrado, con consecuencias duplicadas en el empleo no registrado«, afirmó, y señaló que la desocupación bonaerense llegó al 7,7%, una de las tasas más elevadas del país.
El proyecto también advierte sobre la retracción de distintos sectores productivos: durante el último mes, la producción automotriz cayó un 10,1% respecto de marzo, mientras que las pequeñas y medianas empresas registran retrocesos de entre el 15% y el 20%; las industrias metalúrgicas y textiles, del 30%; y la construcción, del 20%. «Estos datos nos resultan preocupantes, ya que se encuentran estrictamente relacionados con el hecho de que en la actualidad se estima que el 33% de los hogares se encuentran bajo la línea de pobreza y en algunos municipios la pobreza infantil ha llegado a alcanzar índices del 70%«, expresó Schlotthauer.
La legisladora también vinculó la iniciativa con la creciente cantidad de conflictos laborales que atraviesan distintos establecimientos productivos de la provincia, como los casos de FATE, Tres Arroyos, Georgalos, Lustramax, Dr. Ahorro, la Línea 148, Morvillo, Sealed Air, Ilva y Acerías Berisso, entre otros, donde trabajadores vienen enfrentando despidos, suspensiones, cierres o atrasos salariales.
En ese marco, Schlotthauer cuestionó la reciente reforma laboral impulsada por el gobierno nacional y advirtió que «estos hechos y conflictos no harán más que agravarse con la nueva reforma laboral, que les otorga a las empresas mayores facilidades para despedir a sus empleados, como por ejemplo la indemnización en cuotas«. Por ello, sostiene que «no podemos quedarnos en la inacción» frente al avance de la crisis y que el proyecto busca que «el Poder Legislativo acompañe esta preocupación y se tomen medidas para combatir los despidos y los cierres de PYMES y grandes empresas en la provincia«.

El cierre de la metalúrgica Socolor S.A.

Tras más de dos décadas de actividad ininterrumpida, esta empresa familiar, que nació tras la crisis de 2001, debió cerrar por su compleja situación financiera y económica.
Esta PyME fue fundada en el 2003 por Salvador Nicolicchia. La firma se dedicaba a fabricar chapas para electrodomésticos de línea blanca e iluminación.
Pese a la crisis del sector de la “línea blanca” y la iluminación, la consecuencia más dura son los despidos de sus operarios. Distintos trabajadores perdieron su fuente de ingresos y muchos llevaban más de una década en la plata ubicada en la calle 526 de la capital bonaerense, La Plata.

Las razones detrás del cierre

El final de la firma comenzó a verse más cerca en 2024 según contaron desde la empresa al diario local 0221. “Las ventas comenzaron a bajar de forma exagerada, hasta un 40%, y ya en 2025 producíamos un 30%”, expresó el dueño, Mariano Nicolicchia. Durante las primeras semanas de 2026, la fábrica solo producía un 10% y la situación se volvió “imposible de soportar”, amplió.
A pesar de haber sorteado varias dificultades durante sus más de 22 años de producción, la empresa de la familia Nicolicchia decidió cerrar Socolor S.A en La Plata y aseguraron que se debe a la recesión de la actividad en el país.
“La decisión del cierre fue el corte total de la actividad. Tomar la decisión fue muy duro y difícil, somos una familia que generó siempre mucho trabajo”, cerró.

La situación de los metalúrgicos en números

Pese a que a la decisión de esta firma impactó en el sector, no se trata de un hecho aislado, sino de una crisis puntualizada por distintos referentes como la Asociación De Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) que contó que ocho de cada diez empresas prevén que su nivel de producción se mantendrá igual o disminuirá en los próximos meses y no esperan incorporar personal.
El último mes del 2025 marcó con mayor claridad la situación del sector. En diciembre de 2025 la producción metalúrgica registró una caída interanual del 7,1% y una baja del 1,3% respecto de noviembre.
De esta manera, el sector opera alrededor de un 20% por debajo de su último punto más alto y se mantiene en niveles similares a los observados durante la pandemia de 2020.
Por otro lado, desde los gremios metalúrgicos indicaron que el cierre de esta compañía es una “señal de alarma para otras empresas del cinturón industrial” platense. Por último, criticaron la falta de medidas de protección para la industria nacional que “pone en riesgo miles de puestos de trabajo que dependen de la estabilidad del mercado interno”.

La intervención de la UOM

Los paritarios de la UOM se reunieron esta semana con las Cámaras empresarias para dar inicio a la paritaria salarial. El primer encuentro solo sirvió para que la parte sindical aceptara mantener los haberes de julio al mismo nivel que junio.
De esa forma, el básico de la categoría inicial sigue en $ 833.000 brutos. Las patronales aceptaron reabrir la negociación de la rama siderúrgica, que ellos paralizan desde hace dos años.
La noticia podría ser una más de tantas. Lo distintivo, sin embargo, es que los paritarios sindicales no cuentan con mandato para participar de esa negociación. La delegación integrada por secretarios generales de seccionales opositoras fue conformada a dedo por el interventor Alberto Biglieri, a su vez, designado por el tribunal de la Sala VIII de la Cámara de Apelaciones del Trabajo.
La vulneración de los alcances y atributos de la intervención según lo que dispone la Ley de Asociaciones Profesionales resulta tan flagrante que el secretario de Trabajo, Julio Cordero, sintió la necesidad de pedir autorización a la Justicia para avalar el cónclave.
La Sala en la que cayó el diferendo, está integrada, entre otros, por el juez Víctor Pesino, reconocido en el fuero por su tendencia en favor de las patronales y que cobró reciente notoriedad cuando dejó sin efecto el carácter suspensivo de la medida cautelar en favor de la CGT contra la reforma laboral.
El argumento de Pesino y su colega Dora González, a contramano de toda legislación internacional y de la jurisprudencia local incluida la Corte, sostiene que el ataque al salario no entraña una amenaza de «carácter alimentario».
Un día después de esa resolución favorable al gobierno, el Ejecutivo dio curso al pedido del magistrado para una prórroga en su cargo luego de cumplidos los 75 años de límite que establece la ley.
Pesino vulneró la Ley 23.551 al avalar la potestad de la intervención para discutir salarios. Ese recurso, sostiene la ley, debería limitarse a normalizar la organización en los términos de su estatuto.
La acefalía de la UOM emana de una resolución del tribunal que dio lugar a una impugnación de la lista Naranja que disputó la seccional Campana contra el secretario General de la UOM, Abel Furlán. El armado, promovido y presuntamente financiado por la patronal de Siderca-Techint, obtuvo el 15% de los votos y durante los comicios destruyó urnas con el ahora nítido propósito de enrarecer el proceso para luego judicializarlo.
El estatuto de la UOM dispone que el Colegio Electoral votado en las seccionales elige un secretariado encabezado por uno de ellos. La impugnación de Furlán en Campana lo inhibe para integrar el organismo.
Del estatuto, sin embargo, se desprende que una acefalía se supera con la designación del secretario adjunto, Daniel Daporta. A contramano de fallos de la Corte que privilegian explícitamente la resolución autónoma de las acefalías gremiales, la Sala VIII rechazó esa salida incluso luego de que el Consejo Directivo integrado por los 52 secretarios generales electos y reconocidos legalmente, lo ratificara.
Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas de América Latina e integrante del equipo que asiste a la UOM, señaló que “el interventor, más allá de ser designado en un proceso plagado de irregularidades y cuya convalidación aún está pendiente de la decisión de la Corte, sólo está facultado para normalizar el sindicato. Lo único que puede hacer es convocar a elecciones en la seccional Campana de manera urgente. No existen motivos para demorarlas, sólo la oportunidad de negocios que se le abrió a esa runfla conocida por su capacidad para vaciar sindicatos”.
Esa elección se podría realizar en cuestión de días porque la presentación de listas y padrones ya tienen el aval de la junta electoral, las partes involucradas y la cartera laboral. De esa forma se alcanzaría la normalización de la seccional Campana, del Colegio Electoral y del Secretariado.
No es lo que quiere el juez que designó al interventor Alberto Biglieri, hombre de Daniel Angelici quien sumó en el equipo interventor a los ex funcionarios macristas Sandro Taricco y Omar Yasín. Ese equipo forzó el alcance de la intervención de la UOM hasta la Obra Social para restituirla a Raúl Olmos que, además de comandar el Grupo Crónica, participa del negocio de la salud y fue desplazado de allí por la conducción de Abel Furlán.
La arbitrariedad con la que actúa la Justicia plantea la amenaza de concederle a este grupo la discusión del Convenio colectivo que, según el DNU 407/26, se encuentra en proceso de revisión.
La estrategia de la UOM, por el momento, se orienta al proceso judicial que, a través de un recurso de queja, llegó a la Corte. La profundidad del ataque, sin embargo, estaría poniendo sobre la mesa la necesidad de una respuesta gremial de la UOM, que podría actuar a través de su legítimo Consejo Directivo, y del conjunto del movimiento obrero a través de la CGT.
Rubén Urbano, miembro reelecto en el Secretariado intervenido, señaló que “nada de lo que ha hecho el estado judicial es lícito. En Campana se ganó con un 85% y dieron lugar al planteo de una minoría que rompió las urnas”. Para Urbano, “se han metido los Olmos a tejer por detrás. Vienen por la caja del sindicato y la obra social. Quieren hacer lo mismo que ha hecho la dictadura”.
Además, resaltó, “los interventores no tienen potestad de discutir convenios ni paritarias. Son dirigentes colaboracionistas. Cordero va a armar un convenio a la medida de Paolo Rocca”.
Urbano sostuvo que en la seccional Córdoba “estamos llevando un plan de acción con cortes de ruta y movilizaciones” pero, se lamentó, “no hay una misma mirada entonces es cuando ellos más avanzan. Deberíamos hacer un plan de lucha para demostrar que estamos todos de acuerdo en que la UOM es de los trabajadores”.
Urbano destacó que “Furlán fue electo a nivel seccional y nacional. Vamos a ser un poco más pacientes a ver si la Corte revé la situación. Si también se suma a esta operación no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Hay que mostrar un poco de rebeldía ante estos atropellos”. «

CGT: cronograma de marchas sin paro a la vista

La conducción de la CGT convocó a una reunión a las organizaciones sociales y a las dos CTA.
Allí presentó un cronograma de acciones que incluyen su participación el 22 de julio en la protesta que los jubilados llevan adelante todos los miércoles, la adhesión a la tradicional movilización del 7 de agosto por San Cayetano y una marcha al Ministerio de Economía en la tercera semana de agosto.
Además, aseguraron que habrá otra acción el día que se constituya el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil y que adherirán a la Semana Social de la Comisión Episcopal en los primeros días de septiembre.
Así las cosas, la conducción, por el momento, no tomó una iniciativa propia y se limitó a acompañar medidas de otras organizaciones sociales y religiosas.
En la reunión se ratificó la intención de organizar una Marcha Federal y un nuevo paro general a los que no se les puso fecha y que, a la luz de la agenda pautada, se perfila para la segunda quincena de septiembre como plazo más cercano.

No pagan el aguinaldo a los choferes

“Les dan subsidios y tarifas, ¿qué más quieren? ¿Trabajo esclavo?”. Así arranca el comunicado de la Unión Tranviaria Automotor, que denunció que a poco de finalizar el último plazo, decenas de empresas de transporte colectivo no habían pagado el aguinaldo. La noticia se da justo cuando se pone en marcha otro aumento del pasaje.
Desde la conducción de Roberto Fernández se reclamó: “Empresarios… cumplan con sus obligaciones y con la ley” y se planteó que “aunque sigan provocando… nosotros vamos a seguir luchando, defendiendo nuestros derechos, por nuestras familias”.
La nueva provocación se da en el marco de una nueva crisis con la paritaria del sector. Los trabajadores del volante vienen perdiendo salario real, pero además se enfrentan con el llanto empresario cada vez que hay que actualizar el salario. Lo usan como prenda de cambio para su pulseada por aumentos y subsidios con el gobierno.
Ya vimos un paro obrero de 12 horas que conmovió la zona metropolitana y reducciones de frecuencia por parte de los empresarios que afectaron a millones de usuarias y usuarios.
Pero a pesar de la bronca de los choferes la UTA se niega a tomar medidas para recuperar el salario, mejorar el servicio y evitar los tarifazos.
Se necesitan asambleas en las cabeceras para que decidan los que manejan todos los días y no los dirigentes que están atornillados a sus cómodos sillones hace 40 años.

Los empresarios del transporte se envalentonan

Son Cámaras empresariales de unas 10 provincias. Resolvieron “desengancharse” del Convenio colectivo de trabajo que rige en el transporte automotor de cargas a nivel nacional con el gremio de Camioneros que comanda Hugo Moyano. Amenazan con firmar convenios regionales que se adaptarán a la realidad económica de cada zona.
Se trata de una idea que quedó habilitada y que amaga con complicar la actividad que comanda Hugo Moyano, lo que sería un fuerte mensaje para todo el universo sindical.
Según dejaron trascender, la rebelión afecta a la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), una de las tres Cámaras del sector. Buscarán reemplazar el Convenio nacional vigente por un esquema regional con una base de 10 puntos en lugar de los 50 ítems del Convenio colectivo de trabajo 40/89 con negociaciones por provincia desde septiembre.
La idea de las Cámaras del interior es tomar el Convenio colectivo nacional como una base y, a partir de allí, negociar según las características y las posibilidades de cada región o de cada provincia. En principio, apuntarían a firmar convenios de la región Norte, Centro y Sur del país.
La determinación es una consecuencia directa de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que, por un lado, dinamitó el principio de ultraactividad y obligará a que se renegocien todos los convenios colectivos. Y, por otro, estableció un nuevo esquema de prelación entre convenios colectivos de trabajo al disponer que los acuerdos de ámbito menor (por región o por empresa) podrán prevalecer sobre los de ámbito superior (por rama de actividad).

La crisis de Mauro Sergio

La emblemática textil marplatense Textilana, propietaria de la marca Mauro Sergio, atraviesa su peor momento histórico. Con una deuda que supera los $5.200 millones, pérdidas por $650 millones y una planta que se redujo de 800 a unos 200 empleados, la empresa entró en concurso preventivo y la crisis también alcanzó a los dueños, quienes fueron arrastrados por las garantías personales que otorgaron a la firma.
La historia de Mauro Sergio es la de una empresa que construyó durante décadas una estructura industrial integrada en Mar del Plata, con hilandería, tejido, tintorería y confección propia, convirtiéndose en uno de los principales fabricantes nacionales de sweaters y prendas de punto. Sin embargo, el gigante textil hoy tambalea. La compañía se presentó en concurso preventivo el 26 de marzo y la situación no ha hecho más que agravarse desde entonces.
Los balances de la empresa reflejan un deterioro que comenzó a gestarse desde antes. En el ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2025, Textilana registró ventas por $13.956 millones, un 20% menos que los $17.425 millones del período anterior. Pero el dato más preocupante es el derrumbe de las ventas físicas: bajaron 3,1% en 2024 y se desplomaron 22,4% en 2025. En dos años, la compañía perdió cerca de una cuarta parte de su volumen de negocio. De obtener ganancias por $223 millones en el ejercicio previo, la empresa cerró el último balance con pérdidas cercanas a $650 millones.
El impacto en los trabajadores fue inmediato. Entre noviembre de 2025 y marzo de 2026, la compañía implementó un esquema de suspensiones que alcanzó a 175 trabajadores, quienes percibieron el 78% de sus salarios durante ese período. Pero la sangría no se detuvo ahí. Según el delegado gremial Mauro Galván, “desde que entró en concurso, no hubo suspensiones ni despidos. Pero estamos viviendo una situación horrible. Casi no hay producción, a las chicas las hacen retirar temprano”. En lo que va de 2026, entre 40 y 50 personas dejaron la empresa, y la planta que en 2008 llegó a tener más de 800 empleados hoy apenas suma 200.
La crisis de Textilana no es un hecho aislado. La industria textil argentina atraviesa una de sus peores crisis en años. Según datos de la Fundación Pro Tejer, la producción cayó 33% interanual en febrero de 2026 y se perdieron más de 20.700 puestos de trabajo registrados entre fines de 2023 y diciembre de 2025. Las importaciones de ropa crecieron 185% en cantidades durante 2025, impulsadas por el auge de plataformas como Shein y Temu. “Con las plataformas chinas es imposible competir. Hoy está entrando mercadería a muy bajo costo para destruir la industria nacional”, señaló un fabricante textil.
El empresario Luciano Galfione, presidente de la Fundación Pro Tejer, fue contundente: “No hay países desarrollados de más de 35 millones de personas sin industria pujante. Lo peor no es que se desindustrializa Argentina, sino que nos quedamos sin laburo”. En ese diagnóstico coincide el delegado Galván: “En la era Milei bajó el consumo, por consiguiente bajaron las ventas. Y comenzaron a no renovar contratos y hubo despidos de la gente con menor antigüedad”.
El interrogante que sobrevuela el sector es si Mauro Sergio logrará reestructurar su deuda y qué modelo de negocio tendrá en el futuro. Para una marca que construyó su identidad alrededor de la fabricación nacional, el mayor temor es que termine transformándose en una comercializadora de prendas importadas, abandonando la producción local que la convirtió en un ícono textil argentino.

Seis de cada diez máquinas están paradas: el desplome textil ya destruyó más de 24.000 puestos de trabajo

La recesión inducida por el programa económico oficial continúa ensañándose con los motores de la industria manufacturera nacional. Según el último Boletín Económico Sectorial de la Fundación Pro Tejer, la cadena de valor textil, indumentaria, cuero y calzado experimentó en el primer cuatrimestre del año una parálisis sin precedentes, operando a apenas un 36,6% de su capacidad instalada. Este dato implica que, en términos prácticos, seis de cada diez máquinas en los establecimientos productivos del país permanecen apagadas, configurando el nivel de actividad más bajo de la historia para este período, exceptuando únicamente los meses de la estricta cuarentena por la pandemia de 2020.
La brutal parálisis de las fábricas textiles, cuya producción registró un desplome interanual del 23% en abril —cifra que se profundiza al 31% si se contrasta con los niveles de 2023—, ya dinamitó la estructura empresarial del sector. Desde diciembre de 2023, la cadena productiva sufrió la desaparición de 874 establecimientos fabriles, lo que representa una violenta caída del 14% en la cantidad de empresas operativas. Esta sangría de persianas bajas empujó al rubro textil y de la confección a liderar la caída del empleo asalariado registrado privado en todo el territorio nacional, desplazando incluso a la construcción en los índices de precarización laboral.
El informe expone que el sector textil redujo su plantilla de trabajadores en un 20% en comparación con los registros de fines de 2023, lo que se traduce en la pérdida concreta de 24.097 puestos de trabajo directos. El drama social forma parte de un proceso de desindustrialización general que ya le costó más de 76.000 empleos directos al conjunto de la industria manufacturera local. Para sobrevivir en un escenario de asfixia por costos fijos elevados y pulverización del consumo interno, las empresas textiles se vieron forzadas a rematar sus stocks con una rentabilidad marcadamente negativa, lo que ubicó a la indumentaria con una suba interanual del 12%, muy por debajo del 33,2% de la inflación general.
En paralelo, el mercado interno asiste a una dinámica de sustitución comercial que favorece la destrucción del valor agregado local. Mientras las importaciones de insumos y materias primas (como hilados y fibras) cayeron un 19% en toneladas debido al freno de las hilanderías locales, las importaciones de productos terminados —ropa lista para vestir y confecciones— perforaron techos históricos en volumen, registrando incrementos del 73% y 45% respectivamente. El consumo que sobrevive a la crisis, resentido con una caída del 4% en las ventas de los shoppings, se está orientando mayoritariamente hacia bienes de origen extranjero promovidos por la apertura comercial de la Casa Rosada.
Las perspectivas de una reactivación a mediano plazo se encuentran completamente empañadas por el derrumbe de las inversiones en el sector, un indicador clave para sostener la competitividad de la industria. Las importaciones de bienes de capital y maquinaria pesada retrocedieron un 46% en los primeros cinco meses de 2026 frente al año anterior, sumando apenas 29 millones de dólares en el período. Desde Pro Tejer advirtieron que, de consolidarse esta tendencia en el segundo semestre, el año cerrará con una de las cifras de inversión tecnológica más bajas de la historia argentina, obturando cualquier horizonte de recuperación estructural para la mano de obra local.

Fuentes: Indymedia Trabajadoras/es, Diario BAE, La Izquierda Diario, Mundo Gremial, InfoGremiales, Tiempo Argentino

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